En Estados Unidos, en los próximos meses se iniciará una iniciativa llamada «Operación velocidad cigüeña», la cuál consiste, entre otros componentes, en hacer un análisis nutricional de las fórmulas infantiles. Se iniciará solicitando información a la administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en ingles).
La iniciativa surgió por la preocupación de funcionarios públicos respecto al contenido de las fórmulas, especialmente de carbohidratos y grasa, y por la inquietud de los compradores respecto a la presencia de metales pesados. Abrams y Du, investigadores del Hospital infantil de Boston, ofrecen una perspectiva del tema.
Las investigaciones independientes sobre las fórmulas infantiles son limitadas, lo que se atribuye en parte a la influencia de los fabricantes en la financiación de reuniones e investigaciones. Para garantizar un acceso equitativo, se necesitan bases de datos de las formulas registradas en la FDA y de formulas similares, en caso de que alguna se retire del mercado.
Para la formulación de ingredientes generalmente se siguen basando en la Ley de Formula infantil que se promulgó por primera vez en 1980, con una modificación en 2015 sobre la adición de selenio. Los cambios mas recientes, como la adición de compuestos bioactivos (como DHA), han sido impulsados de forma voluntaria por los fabricantes.
Algunas personas probablemente desconocen que las formulas deben ajustarse a los niveles de nutrientes presentes en la leche materna y que no se pueden alterar los niveles de carbohidratos ya que se debe mantener la homeostasis de la glucosa, ni aumentar el contenido de proteínas debido a la limitada función renal de los lactantes.
La presencia de contaminantes ambientales, como plomo y arsénico, es difícil de controlar ya que estos se pueden encontrar en suelo y aguas subterráneas, llegando fácilmente a los alimentos y utensilios. Para establecer limites permisibles se necesitan mas investigaciones sobre el efecto de la exposición en bebés, de un solo metal o de una mezcla de ellos.
Abrams y Du recomiendan realizar la iniciativa por etapas, empezando con un grupo de expertos (científicos, industriales, representantes de la FDA, del departamento de agricultura y del Instituto Nacional de Salud) que establezcan las directrices para la creación de un comité asesor.
Como segunda etapa recomiendan crear un comité asesor federal con financiamiento suficiente para establecer reuniones con expertos en exposiciones ambientales, seguridad alimentaria, nutrición, gastroenterología y salud pública; así como fabricantes, padres de familia y expertos internacionales.
La tercera etapa incluye evaluar preguntas sobre el contenido de las fórmulas, la cuarta etapa evaluar las preocupaciones y establecer políticas publicas. Como última etapa se recomienda que nuevos grupos asesores evalúen periódicamente los temas, en un plazo que no exceda los 10 años, de preferencia cada 5 años.
Artículo completo:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916525001947
